Una recusación presentada por el Ministerio de Gobierno en contra de la juez Segundo de Instrucción en lo Penal, Karina Barea, hizo que se suspendiera la audiencia de medidas cautelares en contra de cuatro presuntos senderistas aprehendidos en la ciudad de El Alto el pasado lunes, según el director de Régimen Interior, Boris Villegas.
Tras dos horas de iniciarse la audiencia de medidas cautelares, en contra de los hermanos William y Hugo Minaya Romero, Blanca Riveros Alarcón y José Antonio Cantoral Benavides, refugiado político, los abogados del Ministerio de Gobierno decidieron recusar a la Juez.
En horas de la tarde, el Ministerio de Gobierno presentó una querella por terrorismo en contra de los tres súbditos peruanos, acusados en el país hermano del Perú de ser parte de “Sendero Luminoso”.
Segúnel viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, la determinación de detener a los acusados se asumió luego de que la Dirección Contra el Terrorismo de ese país (DIRCOTE) emitió las ordenes de aprehensión.
Farfán, acotó que el gobierno asume la decisión, luego de una investigación que la policía hizo y se vinculo a estas tres personas con hechos de narcotráfico.
En tanto, la defensa de los detenidos, Franz Bustos, expresó que la estrategia aplicada por el Ministerio de Gobierno pretende buscar un juez de su agrado con la finalidad de continuar con un proceso donde las acusaciones están basadas en simples fotocopias y panfletos que son extemporáneos.
“En ningún momento se ha demostrado que mis clientes han sido detenidos en flagrancia, pegando afiches o en posesión de armas o explosivos, por el contrario, ellos estaban al interior de su taller de formación de matemáticas en el instituto Newton donde dan cursos a estudiantes universitarios”, explicó Bustos.
“Es un capricho armado de forma burda y forzada, pretendiendo juzgar a quienes tienen una bibliografía de izquierda (…), por lo tanto, los pretenden juzgar por una opinión contraria al actual régimen”, manifestó el abogado de la defensa.
DELATOR
De acuerdo a Villegas los acusados por el supuesto delito de “terrorismo”, tendrían relación con un caso de falsos policías antidroga detenidos en junio pasado en la frontera, entre ellos Ulser Pillpa Paytan, alias “camarada Johnny”, dirigente universitario ayacuchano acusado de ser parte de Sendero Luminoso, quien fue expulsado al vecino país donde habría dado a conocer los nombres de quienes estaban involucrados en su organización.
“Lo que no se puede tolerar es que personas que se atribuyen esa ideología cometan delitos, las cuatro personas tienen antecedentes procesales en su país de origen, además fueron mencionados por la persona que fue detenida en Antaquilla Pelechuco, en posesión de droga, armas y uniformes policiales quien fue expulsado a su país”, aclaró la autoridad.
INTERPOL
En la audiencia el fiscal Ponce señaló que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal (CPP), artículo 133 referido al delito de terrorismo, establece que los acusados serán los que “formaren parte, actuaren al servicio o colaboren con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad (….)”. Dicha acusación fue refutada por la defensa bajo la lógica jurídica de que las cuatro personas detenidas no fueron encontradas en flagrancia, sino en sus domicilios y que no existiría pruebas fehacientes en su contra fuera de las fotocopias.
Un informe oficial de la Interpol a cargo del coronel Luis Zapata, establece que por el registro 9.949 se establece que Hugo Walter Miñaya tiene supuestamente antecedentes en Ayucucho, Perú, por el supuesto delito de terrorismo, mientras que los hermanos William y Hugo Romero están con orden de captura en la población de Humanga por supuestos delitos de tráfico de menores, violación, peculado y terrorismo, y finalmente, la señora Blanca Rivera quien supuestamente es parte de una célula de Sendero Luminoso, registra entre sus antecedentes en Ayacucho supuestos delitos contra la seguridad pública y terrorismo. En tanto, la defensa explicó que dichos procesos en el Perú no tendrían sentencia, por lo que habrían solicitado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el refugio político.
Fuente: El Diario
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