martes, 2 de abril de 2013

El gas se acaba

Óscar Ortiz Antelo

Un informe presentado a inicios de 2013 por el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Eduardo Alarcón, establece que Bolivia sólo cuenta actualmente con reservas probadas de gas por 8,23 TCF, lo cual le alcanzaría para satisfacer las demandas del mercado interno y los compromisos de exportación por los próximos diez años. Esta situación representa una grave amenaza para el futuro del país, poniendo en riesgo su estabilidad económica y social, frente a un elevado gasto público que no podrá ser solventado sin los ingresos extraordinarios del gas.

En el mismo informe se resalta que en tres años, entre 2010 y 2012, Bolivia consumió 1,71 TCF, equivalentes al 17% de sus reservas probadas de gas, lo que no hace sino confirmar las preocupaciones sobre la seguridad energética nacional. Frente a esto, el Gobierno reacciona anunciando un millonario programa de exploraciones que supuestamente asegurará la provisión del energético. Ésta es una iniciativa positiva pero no garantiza la solución del problema. Argentina, con políticas sectoriales similares a las bolivianas, lleva varios años procurando desarrollar nuevas reservas sin logros significativos.

Esta falta de certidumbre sobre las reservas gasíferas nacionales cae en el peor momento pues se avecina la finalización del contrato de exportación de gas a Brasil, con lo cual se debilita la posición nacional para negociar la renovación del contrato si no existen suficientes reservas. Adicionalmente, nuestro gigante vecino ha dado varias señales de que las condiciones de las ventas futuras serán distintas pues tiene muchas más reservas que las que disponía cuando se firmó el contrato anterior, dos décadas atrás.

Peor incluso, el desarrollo de la tecnología del “shale gas” ha provocado una considerable baja en el precio internacional del gas en la medida que Estados Unidos ha logrado su autosuficiencia y podría tener el mismo impacto en el precio del petróleo si se logran resultados similares en el desarrollo del “shale oil”, lo que les permitiría a los estadounidenses no depender del petróleo de la OPEP para abastecer su mercado interno, factores que provocarían una baja de los precios internacionales del petróleo.

Consecuentemente, Bolivia se enfrenta a una doble amenaza, disminuirían sustancialmente sus ingresos por exportación de hidrocarburos por la falta de volúmenes para exportar y disminuirían los precios de exportación. Ambas combinadas podrían provocar una profunda crisis fiscal que nos llevaría a la falta de capacidad estatal para solventar el nivel de gasto público alcanzado durante el Gobierno del MAS.

Los efectos preliminares de la falta de desarrollo de nuevas reservas ya se sienten; YPFB, empresa estatal de petróleo, no puede asegurar la provisión de gas para la instalación de nuevas industrias en territorio nacional, lo cual paraliza la inversión en diversos e importantísimos sectores para la creación de nuevos empleos. Paradójicamente, el partido que hizo de la industrialización de los hidrocarburos el eje central de su discurso opositor, prioriza la exportación pues le genera más recursos para financiar la inmensa cantidad de empresas públicas estatales, en su mayoría improductivas, que ha creado.

Paralelamente, el Gobierno del MAS está incrementando la exportación de gas a la Argentina y simultáneamente impulsando proyectos como la planta de urea, que consumirían significativas cantidades del energético, lo que sólo agravaría la crisis futura de desabastecimiento, tanto para el mercado interno como para cumplir los contratos de exportación.

El Gobierno debe ser transparente sobre su gestión de la principal fuente de ingresos para Bolivia. Seguir simplemente gastando las reservas sin tomar previsiones sobre el futuro es llevar al país a un salto al vacío.

Óscar Ortiz Antelo fue presidente del Senado.

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