jueves, 14 de julio de 2011

Nuevo enfrentamiento en mina Sayaquira dejo un muerto y varios heridos

La víctima falleció por impacto de arma de fuego. Los trabajadores resisten en defensa de sus fuentes laborales. Unos 100 efectivos policiales fueron desplegados a la zona

Un campesino falleció ayer, en las proximidades de la mina Sayaquira, como consecuencia de un impacto de arma de fuego durante un nuevo enfrentamiento provocado por 200 comunarios de Chokóa que intentaron "retomar" la empresa minera, ubicada en la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz. Existe un saldo aún no determinado de heridos.

Alrededor de las 13.00, dos campesinos del grupo de avasalladores resultaron heridos de gravedad y, uno de ellos cuya identidad aún no se pudo precisar, falleció en el trayecto entre Sayaquira y el poblado de Ichoa, informó el Gerente General de la Empresa Minera Barrosquira (Embas), Andrés Molina quien ordenó el uso de una ambulancia de la empresa para asistir a las víctimas.
Los "avasalladores" intentaron ingresar al campamento con detonación de dinamitas y disparos de armas de fuego para realizar un cabildo y "apropiarse" de los yacimientos de estaño de manera ilegal. La arremetida fue resistida por los cerca de 100 trabajadores y unos 40 policías que custodian la propiedad.
"Los trabajadores determinaron defender sus fuentes de subsistencia si es posible con su propia vida", informó Molina.
Describió que "los ataques fueron con armas de fuego, dinamitas y hondas. Ellos creen tener derechos originarios de tierra y territorio.
Seguridad y justicia
Molina aseguró que al momento hay un proceso judicial abierto contra cinco implicados en las ilegalidades y que, en los próximos días, saldrá un mandamiento de aprehensión contra los hermanos Agustín y Pánfilo Ramos, tachados como los principales "instigadores".
Pérdidas
El conflicto comenzó el 11 de abril, desde entonces las operaciones productivas de la empresa minera están paralizadas. Molina estimó en cerca de $us 400.000 las pérdidas, incluyendo el robo de maquinaria, enseres y mineral procesado realizado durante la toma del 9 de junio pasado.
En esa ocasión, la Empresa Minera Barrosquira (Embas), propietaria de la mina de estaño Sayaquira, y sus trabajadores pidieron al Gobierno seguridad para continuar trabajando tras la invasión y asalto que sufrieron por grupos de comunarios, cooperativistas y vándalos.
El campamento quedó destrozado y los avasalladores se llevaron maquinaria, insumos de trabajo y mineral de la empresa y, parte de las pertenecías de las familias de los trabajadores. De acuerdo a los cálculos provisionales de la empresa, los asaltantes, en esa oportunidad, robaron equipos y enseres evaluados en más de $us 250.000.
La mina Sayaquira opera desde hace 100 años, cuenta con 93 trabajadores, produce 9,92 toneladas métricas de estaño por año y aporta al Estado -por concepto de regalías e impuestos- cerca de 2,9 millones de bolivianos anuales, informaron sus ejecutivos.
Por su parte, el Viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán informó que estas personas que provocaron el enfrentamiento incumpliendo un acuerdo anterior en el que se decidió discutir la propiedad de la mina con otras 40 comunidades de la Provincia Loayza, fueron quienes provocaron los actos violentos.
"De manera arbitraria y sin contar con el aval de las otras 40 comunidades resuelven avanzar y hacer un cabildo en la mina, tratando de consumar esto se acercan a la mina y por supuesto han sido repelidos por el contingente policial que se encuentra resguardando el lugar, son 40 efectivos policiales que están desde el anterior avasallamiento", informó Farfán.
Aseguró que la mina está resguardada y no hay más enfrentamientos en la zona, otros 100 efectivos policiales y autoridades del Ministerio Público se desplegaron a la zona.
Las actividades productivas se paralizaron al menos hasta el jueves. Sobre la existencia de un fallecido la autoridad no quiso confirmar tal noticia y descartó el uso de armas letales.
El viceministro denunció que existen dos personas ajenas a la comunidad Chokà identificados como Agustín y Pánfilo Ramos que son acusados de azuzar a los comunarios para provocar el avasallamiento y que ya existe una denuncia en contra de estas dos personas

Fuente: Jornada


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