Desde la década de los años 80 flota el temor nacional de que el narcotráfico insista en tener carta de ciudadanía. Por lo pronto, el contrabando y el lavado de dinero ilegal, son dos fuentes que el Gobierno debería investigar a fondo.
La presencia evidente de sicarios, el descubrimiento de miles de fábricas de droga; la reacción tardía de los productores de coca por controlar sus cultivos y la sindicación del Diputado de oposición Luis Felipe Dorado en sentido de que "el Gobierno de Evo Morales cambie su política de tolerancia a los cultivos ilegales de coca", constituyen indicios para temer que sobre las espaldas de Bolivia, cabalga la mafia del narcotráfico.
Las noticias que reflejamos a continuación, pertenecen a fuentes del oficialismo y objetivamente, son el mejor testimonio del avance del narcotráfico en casi todo el universo económico, político y social de nuestro país.
En los últimos tres días a la fecha, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), incursionó "en las poblaciones de San Germán, Nuevo Horizonte y Kilómetro 40, Ichilo, zonas casi inaccesibles para la Policía, y descubrió 230 fábricas de cocaína".
En realidad, la FLCN incautó en los meses transcurridos del presente año, más de 13 toneladas de cocaína y 369 toneladas de marihuana en casi 7 mil operativos en diversos puntos del territorio nacional. Llama la atención, la cantidad de toneladas de marihuana, producto ilegal que le sigue en importancia a la coca.
En las incursiones de la FELCN, fueron arrestados narcotraficantes provenientes del Perú. Según el Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas Felipe Cáceres, la mayor parte de la droga proviene del Perú. En otros términos, Bolivia es el camino preferido de la droga peruana a la que, sin equivocaciones, debemos añadir la cocaína boliviana en sus diferentes procesos de fabricación.
En cuanto a sicarios se refiere, la policía boliviana identificó la presencia de individuos de por lo menos 27 nacionalidades tanto de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Es decir, que el territorio boliviano es una especie de paraíso en el que, la producción, traslado y comercio de droga, tendrían supuestamente carta blanca. La existencia de bandas o de individuos de diferentes nacionalidades, nos remite a que tanto el ingreso como la salida de estos súbditos, sólo es controlada cuando caen presos en redadas tendidas por la FELCN.
Otro aspecto, nos habla de un tráfico de armas de todo tipo, capturadas también en las confiscaciones legales que periódicamente realizan las fuerzas encargadas de la lucha contra el narcotráfico.
Peor aún, el tráfico y tenencia ilegal de armas, aumenta el peligro de atentados y ajustes de cuentas, en áreas próximas a la producción de droga. La opinión pública, está enterada de recientes atentados contra civiles precisamente, en las regiones donde opera el tráfico de estupefacientes.
Merece especial comentario, la decisión de los productores de coca de crear un "control social" integrado por más de mil sindicalizados a las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, quienes deben evitar el exceso de cultivos superiores a 1600 metros cuadrados que, en el lenguaje cocalero, es un "cato". Los conjurados sindicales, están obligados a denunciar la existencia de pozas de maceración, por ejemplo.
Sin embargo, el control sindical no garantiza ni puede hacerlo, que algunos cocaleros tengan varios catos o que algunos "metros" demás sean penados por la Ley 1008.
Lo cierto es que, desde la década de los años 80, flota el temor de que el narcotráfico, en más de tres décadas hasta el año de 2011, insista en tener carta de ciudadanía. Por lo pronto, el contrabando y el lavado de dinero ilegal, son dos fuentes que el gobierno debería investigar a fondo.
Fuente: Jornada
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