martes, 6 de diciembre de 2011

La UPEA obtiene 80 millones de co-participación sin afectar el presupuesto de la UMSA...

Representantes de la UPEA aceptaron la última propuesta del Gobierno de recibir Bs 70 millones de coparticipación tributaria, sin afectar los ingresos de la UMSA. Además, consiguieron el compromiso de terrenos e infraestructura para sus facultades.

El anuncio surgió esta madrugada, 02.26, tras nueve horas de negociación en la Asamblea Legislativa, a donde asistieron además legisladores de La Paz, dirigentes de las juntas vecinales y la Central Obrera Regional de El Alto.
“Se llegó a un acuerdo histórico. Ahora la UPEA es una universidad plena con asignación de la coparticipación tributaria”, informó Héctor Arce, presidente de la Cámara de Diputados. En tanto, Dámaso Quispe, rector de la universidad alteña, declaró que se suspenden las medidas de presión. “Sólo esperamos que la Asamblea apruebe las modificaciones de la ley”, dijo.
La autoridad académica se refirió al acta de entendimiento, de seis puntos, que incorpora a la UPEA en la coparticipación tributaria (con el 25% del total que se asigna a La Paz en el marco universitario), lo que significa un ingreso de Bs 70 millones.
Para dicho efecto, la Asamblea Legislativa deberá aprobar la modificación de la Ley Marco de Autonomías, a fin de incrementar en 0,35% el 5% que recibe por coparticipación todo el sistema universitario. Ese 0,35% será asignado a la UPEA, por lo que no se afectará los ingresos del resto de las casas de estudio, explicó Héctor Arce. El titular de la Cámara Baja explicó que para implementar el acta, la Asamblea deberá sesionar desde hoy para, primero, modificar la norma de Autonomías, y luego aprobar la Ley Financial con los cambios establecidos.
Además, el acuerdo incluye otras demandas de la UPEA como la conclusión del edificio Emblemático, el traspaso de 100 hectáreas en Callutaca para las carreras de Ingeniería Agronómica, Veterinaria y Zootecnia, y equipamiento de laboratorios para las carreras técnicas.
En el tema de los procesos legales iniciados por Vías Bolivia, Tránsito de El Alto y la Federación de Choferes de El Alto, por los destrozos del 29 de noviembre (más de Bs 245 mil en daños), se anunció que se creará una comisión que dará “una solución consensuada a los conflictos”.

Aprobación. Por la tarde, la asamblea docente - estudiantil de la Universidad Pública de El Alto había determinado aceptar la propuesta del Gobierno de Bs 70 millones de recursos de coparticipación, informó el rector de esta casa de estudios, Dámaso Quispe.

El acuerdo fue firmado después de siete días de movilizaciones y negociaciones, y luego de que el martes 29 los estudiantes de la UPEA se enfrentaran con la Policía en una gresca que dejó 45 personas heridas (23 estudiantes y 22 policías), además de 57 detenidos, de los que cuatro fueron imputados por los delitos de robo agravado y daños a la propiedad pública y privada.
La UPEA exigía el 50% de recursos de coparticipación que iba a asignar el Gobierno a la Universidad Mayor de San Andrés, de un total de Bs 139 millones.

Fiscalización. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, sugirió que la Contraloría General del Estado realice las auditorías a los recursos que destina el Estado a las universidades. Explicó que durante esta gestión se observó que no hay capacidad de ejecución, toda vez que en cajas y banco las casas de estudios superiores tienen Bs 1.011 millones. 

“Preocupa que las autoridades universitarias traten de cubrirse con la autonomía universitaria para evitar las fiscalizaciones”, dijo la autoridad del Ejecutivo.

Las cifras del acuerdo firmado

-El Gobierno amplió del 5% al 5,35% el monto total de la coparticipación tributaria, para beneficiar con el 0,35% a la UPEA. Lo que equivale a Bs 70 millones.

-Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con la redistribución, el ingreso per cápita por estudiante será de Bs 6.434 en la UMSA; y de Bs 7.138 para la UPEA.

Estudiante herido pide justicia

Hernán Quispe, el estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPEA que perdió el ojo derecho tras recibir el impacto de un tubo de gas lacrimógeno, el 29 de noviembre, en los enfrentamientos con la Policía, exige que se  identifique al uniformado que le provocó el daño.
“Que se investigue y se identifique al culpable. Yo he perdido el ojo”, pidió el joven en una entrevista con la red PAT. “El policía me disparó a quemarropa, de manera directa me apuntó y no me dio tiempo para escapar. Sentí el golpe y vi la sangre por mis manos”, relató ayer.
El estudiante fue sometido ayer a una nueva cirugía, esta vez porque el proyectil que le dispararon también le rompió el tabique nasal, por lo que fue intervenido en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas.
El padre de Hernán, Macario Quispe, llegó a la ciudad de La Paz al enterarse de que su hijo había perdido el ojo en un enfrentamiento con la Policía; también exige que  se haga justicia.
“El daño que le han hecho a mi hijo tiene que ser sancionado. Él nunca más va a recuperarse”, aseveró el padre.
Hernán trabajaba y estudiaba para costearse su carrera. “Siempre quise estudiar electrónica; cuando aparecieron los MP4, yo compraba los equipos destrozados de la feria 16 de Julio, a dos o tres bolivianos, los arreglaba para después venderlos. Así podía pagar mis estudios”, relató.
Las dos intervenciones quirúrgicas de Quispe fueron cubiertas por la UPEA, indicó la trabajadora social de esta casa de estudios superiores, Patricia Bernal. La funcionaria explicó que esta institución desembolsó hasta ahora Bs 4.000 para la primera cirugía de Hernán. Además, se hizo cargo de la atención médica de Yolanda Tancara, de 19 años, que también recibió un impacto de tubo de gas que comprometió una parte del cráneo.
Quispe espera que pueda beneficiarse con una prótesis para su ojo derecho y así retornar sus actividades académicas.
Fuente: La Razón.

lunes, 5 de diciembre de 2011

Gobierno: La UPEA tiene guardados 80 millones de dólares

El Ministro de Economía, Luis Arce, afirmó ayer domingo que las universidades públicas tienen más de mil millones de bolivianos acumulados en caja y Bancos y la ejecución presupuestaria apenas llega al 50%. La Universidad Pública de El Alto (UPEA) no invierte 80 millones de bolivianos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), por no acreditarse a la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), indicó.

"Es mucha plata y a mí me da pena, como Ministro de Economía, ver tanta plata que no se utiliza", remarcó Arce.
La autoridad puntualizó que las universidades públicas el año pasado acumularon en caja y Bancos unos 1.011 millones de bolivianos: San Francisco Xavier con 59 millones, Mayor de San Andrés, 340 millones; UPEA, 79 millones; San Simón, 189 millones; Técnica de Oruro, 57 millones; Tomas Frías, 67 millones; Siglo XX, 44 millones; Juan Misael Saracho, 66 millones, Gabriel René Moreno, 79 millones; Beni, 24 millones; y Pando, 6,6 millones.
Ante este panorama Arce afirmó que las universidades "no son inmunes" a ser fiscalizadas por la Contraloría General del Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre todo cuando tienen acumulados en caja y Bancos más de mil millones de bolivianos y la ejecución presupuestaria apenas llega al 50%.
Arce añadió que la Contraloría y los legisladores tienen la obligación de fiscalizar esos recursos en cumplimiento de la Constitución Política del Estado.
"No son inmunes las universidades como algún rector ha pronunciado, que sería en contra de la autonomía universitaria. La Contraloría tiene toda la obligación de entrar a fiscalizar esos recursos y (...) los Diputados y Senadores pueden hacer fiscalizaciones porque también está en sus competencias establecidas en la Constitución", argumentó.
"A las universidades el año 2005, en total a las 11 universidades, se les pasaba 1.152 millones de bolivianos, hoy se les pasa 2.237 millones de bolivianos. Entonces yo creo que es justo, necesario que el pueblo boliviano, cuyos impuestos están yendo a parar a estas universidades, sepan qué se hacen con estos recursos", manifestó.
Explicó que en 2005 las Universidades Mayor de San Andrés (UMSA) y la UPEA acordaron distribuirse el IDH que le correspondía al Departamento de La Paz en dos partes, con una primera y segunda fracción del 50 por ciento.
Agregó que ambas ya cuentan con el 25% del primer 50%, sin embargo, no ocurre lo mismo con el restante 50%, porque para este último se determinó que la distribución de estos recursos debían darse a partir del número de estudiantes con que cuenta cada casa de estudios superiores.
Por lo que debían acreditar el número de universitarios ante la CUB, para recién percibir los ingresos que les corresponde. La UMSA cumplió con este requisito en 2006, pero no así la UPEA, remarcó Arce.
"La UPEA está acumulando esos recursos que son más de 80 millones de bolivianos para que puedan ser utilizados y que no están siendo utilizados porque no acredita, por lo tanto no está utilizando el 100 por ciento que le corresponde", enfatizó.
Las declaraciones de Arce surgen en medio del conflicto entre el Gobierno y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), institución que reclama unos 100 millones de bolivianos adicionales a su presupuesto para suspender sus movilizaciones.

Fuente: Jornada.

lunes, 3 de octubre de 2011

En conflicto con indígenas. Gobierno critica otra vez labor de los medios de comunicación

Autoridades consideran que la información entorpece solución al conflicto con marchistas, sin tomar en cuenta que la “libertad de expresión es pilar fundamental de la democracia”.

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero y el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), cuestionaron ayer nuevamente la labor que cumplen los medios de comunicación en el conflicto con los marchistas defensores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), al considerar que “entorpece y perjudica al proceso de solución, lo cual incluso creen que podría afectar a las elecciones judiciales del 16 de octubre próximo.

Al respecto, el analista Carlos Cordero sostuvo que esta actitud de los integrantes del partido en función de Gobierno muestra claramente la mentalidad autoritaria de pretender controlar y restringir a la sociedad, sobre todo de limitar la libertad de expresión.

“La democracia tiene una columna vertebral y un pilar fundamental que es precisamente la existencia de fuentes de información libres plurales; es decir de medios de comunicación independientes del Estado y hoy día la defensa del TIPNIS también pasa por la defensa de la libertad de expresión”, puntualizó.

Asimismo, dijo que los medios de prensa deben ser intransigentes en la defensa sus principios, por lo que no deben amedrentarse frente a las advertencias gubernamentales, tomando en cuenta que “defender la libertad de expresión es defender la democracia”.

Fuente: El Diario

viernes, 30 de septiembre de 2011

Denuncian que colonos presionaron a yucumeños a bloquear a indígenas

El dirigente gremial del Distrito Yucumo del departamento del Beni, Luis Choque, denunció que colonizadores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) los presionaron para hostigar y bloquear a los nativos que marchaban en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Iisiboro Sécuere (TIPNIS).

“Ellos prácticamente querían obligarnos a que nosotros participemos de forma masiva todos los día en el bloqueo, sin embargo, hay muchos compañeros que tienen sus propiedades en sectores rurales y ellos sí fueron obligados”, manifestó. 

Según Choque, dirigentes de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) obligaron a algunos pobladores del lugar a participar de la protesta contra los marchistas, bajo una multa de 100 bolivianos. Contó que los colonizadores llegaron de otras regiones y que actualmente ya no están en Yucumo. 

“Una vez terminado el conflicto el domingo, esos dirigentes que eran una parte de Caranavi, Ixiamas y de Rurrenabaque, ya se dispersaron y ya se fueron”, declaró. 

Aseguró que el representante de los colonizadores de Yucumo también se marchó a la ciudad de La Paz y aclaró que su sector en ningún momento participó de las movilizaciones contra los indígenas. 

“En ningún momento nosotros hemos estado apoyando ese bloqueo que han hecho los colonizadores (…) ellos tenían sus demandas que eran ajenas a Yucumo, más bien nos han hecho quedar mal”, dijo. 

Añadió que su sector resolvió solidarizarse con las mujeres y niños de la movilización indígena si ésta hubiera llegado a Yucumo e indicó que el bloqueo de los colonos sólo les afectó, puesto que se quedaron sin gasolina, ni carne para el comercio y consumo.

Fuente: Erbol. Horas: 1052


Tras repudio a represión policial contra indigenas MAS teme voto castigo

TSE abre la posibilidad de postergar elecciones judiciales del 16 de octubre hasta el 18 de diciembre. El anuncio es calificado como un cálculo político.

La marcha de los indígenas del TIPNIS se reanudaría en las siguientes horas y su llegada a la Sede de Gobierno podría darse pocas horas antes del 16 de octubre, día de las elecciones judiciales. Ante esta situación, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Wilfredo Ovando, no descartó la posibilidad de que el proceso democrático sea postergado hasta el 18 de diciembre.

Para la oposición, esta acción responde a una estrategia y cálculo político coordinado por el oficialismo, que teme a un contundente rechazo a la violencia policial contra los marchistas mediante el voto nulo en los comicios judiciales.

El diputado de Convergencia Nacional (CN), Roy Moroni, dijo que existe temor en el MAS en el fracaso de esta elección y que ahora no sólo gane el sufragio nulo sino el “voto TIPNIS”. En tanto, el vocal Ramiro Paredes (TSE) rechazó esta posibilidad, afirmando además que el tema aún no fue tratado en sesión plenaria del ente electoral.

Sectores de la Policía Nacional y la Central Obrera Boliviana aseguraron ayer que estas entidades sufragarán nulo en las elecciones judiciales como forma de “voto castigo” , a la reciente intervención y violencia ejercida por uniformados, presuntamente ordenados por autoridades del Ejecutivo, contra hombres, mujeres y niños indígenas de Tierras Bajas.

Fuente: El Diario

jueves, 29 de septiembre de 2011

Exembajagador de Bolivia en la ONU pide coherencia a Evo y parar carretera por el TIPNIS

“Debe haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No se puede hablar de defensa de la Madre Tierra y al mismo tiempo promover la construcción de una carretera que hiere a la Madre Tierra, no respeta los derechos indígenas y viola de manera “imperdonable” los derechos humanos”, señala Pablo Solón, exembajador de Bolivia en Naciones Unidas (ONU), en una carta pública enviada al presidente Evo Morales Ayma.

Según la carta (http://cmpcc.org/), Solón recuerda que desde el 2006 Bolivia ha mostrado liderazgo al mundo en entorno a los desafíos más cruciales de nuestro tiempo. “Hemos logrado la aprobación del Derecho Humano al Agua y el Saneamiento en las Naciones Unidas, e impulsado una visión de sociedad basada en el Vivir Bien en vez del consumismo”, indica.

“No obstante, debe haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos (…) Cómo país impulsor del Día Internacional de la Madre Tierra tenemos la gran responsabilidad de dar el ejemplo a nivel mundial. Nosotros no podemos repetir las recetas del “desarrollismo” fracasado que ha llevado a la relación de la humanidad con la Madre Tierra a un punto de quiebre”, manifiesta.

Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas
En su criterio, es incomprensible que promovamos la realización de una Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas para el 2014 si no somos vanguardia en la aplicación de la “consulta previa, libre e informada” a los pueblos indígenas dentro de nuestro propio país.

“La Octava Marcha Indígena tiene planteamientos incoherentes e incorrectos en relación a temas como hidrocarburos y la venta de bonos de carbono de los bosques que mercantilizan la Madre Tierra (conocido como REDD). Pero su preocupación por la construcción de la carretera es justa”, dice.

Solón indica que miles de delegados de los cinco continentes que participaron en la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra están profundamente contrariados por la posición del gobierno de Bolivia.

“El conflicto del TIPNIS nunca debió haber existido. La integración caminera es necesaria pero no a través del “Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure” (TIPNIS). Es cierto que será más caro construir una carretera que no va a través del TIPNIS. Pero tratar de ahorrar 200 o 300 millones de dólares sin tomar cuenta los costos socio ambientales es ir en contra de los principios del Vivir Bien”, señala la carta fechada ayer.

Defensa de los derechos indígenas
Pablo Solón sugiere que “para cerrarle el paso a la derecha que quiere instrumentalizar la protesta para retornar al pasado debemos ser más consecuentes que nunca en la defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra”.

“Aun es posible resolver esta crisis si se suspende definitivamente la construcción de la carretera a través del TIPNIS, llevamos a la justicia a los responsables de la represión a la marcha indígena, e iniciamos un amplio proceso participativo de debate nacional para definir una nueva agenda de acciones en el marco del Vivir Bien”, agrega.

Fuente: Erbol. Hoy - Horas: 13:12

Denuncian que quieren suspender elecciones judiciales. TSE lo niega

El jefe nacional de la agrupación política Nueva Alianza Bolivia (NAB), Amílcar Barral, denunció este jueves que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está planificando suspender las próximas elecciones judiciales debido a la posibilidad de que el gobierno obtenga un rotundo fracaso por la situación política que vive el país debido a los desaciertos del presidente Morales.

Barral en contacto telefónico con Erbol señaló que el gobierno está buscando el momento propicio y las excusas adecuadas para postergar la fecha de las elecciones. “La campaña del voto nulo y la actitud del gobierno ante los problemas sociales están incidiendo en el rechazo de la población”.

“A nivel nacional ha estado tomado cuerpo el apoyo al voto nulo y los acontecimientos últimos van a afectar a sus deseos de tener el 70 por ciento de votación”, sostuvo.

Además agregó que el gobierno pondría como pretexto "que no hay dinero para afrontar la campaña de difusión de méritos de los candidatos, además de las muchas impugnaciones presentadas contra los candidatos”.

Según Barral, otro factor para la suspensión sería que “algunos candidatos del partido de gobierno, a las próximas elecciones, han manifestado su deseo de renuncia ante claros desacuerdos".

En tanto, el Vocal del TSE, Ramiro Paredes, informó que el cronograma de actividades de la institución se realiza con toda normalidad y no se ha considerado la posibilidad de suspender las elecciones.

“Nosotros continuamos desarrollando nuestras actividades en el marco de lo que habíamos planificado para llevar la elección el 16 de octubre (…) en ningún momento nosotros hemos considerado introducir el tema de la suspensión de las elecciones”, señaló.

Fuente: Erbol. Horas: 12:26