jueves, 10 de mayo de 2012

Represión a la COB-UMSA-UPEA


La manifestación de la Central Obrera Boliviana, sector salud, magisterio, mineros, fabriles y de los médicos y comunidad universitaria de la UMSA, UPEA, fue reprimida en forma inusual por la Policía que haciendo uso de muchísimas granadas de gas tóxico arremetió contra universitarios y trabajadores que intentaban ingresar a la plaza Murillo.

La lluvia de piedras, cachorros de dinamita, bombas molotov caseras y profusión de gases lacrimógenos dejó ayer al menos siete personas heridas –entre ellas cinco policías– , bienes públicos y privados con los vidrios rotos, además de dos jóvenes arrestados.
Los mineros que arribaron de Huanuni y otros centros mineros, a su ingreso a la ciudad de La Paz hicieron detonar cachorros de dinamita.
Los manifestantes exigieron que se abrogue el Decreto Supremo Nº 1126, piden aumento de salarios en proporción al aumento que reciben los empleados públicos y las Fuerzas Armadas.
Por su parte, la comunidad universitaria exige se abrogue el Decreto Supremo 1126 y pide aumento de presupuesto toda vez que existe mayor número de universitarios matriculados en las diferentes carreras académicas.

Ciudadanos cuestionan represión policial

Habitantes de La Paz y de El Alto cuestionaron la dual actitud del Gobierno, particularmente del Ministro de Gobierno, del Viceministro de dicho portafolio y del Comandante General de la Policía, al haberse dispuesto que se reprima en forma desproporcional, con granadas de gas, a los manifestantes, mientras que los días lunes y martes, ante el bloqueo de los choferes, fueron acuartelados, no hubo presencia policial para reprimir el atentado contra el libre tráfico vehicular y tránsito peatonal, no hubo presencia del Ministerio Público ni se determinó proceso penal contra dirigentes y propietarios de automotores que utilizaron como instrumento de bloqueo vehículos, señalaron varios ciudadanos de La Paz y de El Alto.

Violentos disturbios


La primera jornada de una huelga sindical de 72 horas concluyó ayer con violentos disturbios cerca de la Plaza Murillo, en La Paz, mientras los partidarios del Presidente Evo Morales marchaban en Cochabamba para apoyarle, en la séptima semana de conflictos sociales sin visos de solución.

Los mayores desórdenes se vivieron en la sede de Gobierno, donde miles de manifestantes, sobre todo universitarios y médicos con batas blancas, intentaron entrar por la fuerza a la plaza Murillo, donde están los Palacios de Gobierno y del Legislativo.

Algunos manifestantes lanzaron cartuchos de dinamita medianos, en Bolivia llamados "cachorros", contra las barricadas de agentes antidisturbios, que respondieron con gases lacrimógenos.

El exsecretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares indicó "queremos que la Policía tenga su salario de dignidad, sabemos que cumple un deber pero que también los trabajadores peleamos por un salario justo, si no hay provocación los trabajadores vamos a estar tranquilos, pero tenemos derecho a protestar".

Añadió que el gobierno debe atender el pliego de la COB, lo que queremos es que se abrogue ese Decreto neoliberal (en alusión al Decreto Supremo 1126).

Heridos

Producto del enfrentamiento entre policías y manifestantes, resultaron heridos un médico y una persona de nacionalidad española, un fotoperiodista. También el Comandante de la UTOP, cinco policías con contusiones: tres por pedradas y dos por la explosión de dinamita, informó el Viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez.

Los efectivos heridos fueron identificados como el Comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de La Paz, Coronel Julio Félix Cruz, Teniente Coronel Adrián Coca, Teniente Coronel Rómulo Delgado, Cabo Robinson Flores y el Cabo Vladimir Pissa.

Pérez afirmó que se iniciarán los procesos judiciales contra los manifestantes que atacaron a policías en inmediaciones de plaza Murillo.

Pérez acotó que dos policías fueron lesionados por esquirlas de las cargas de dinamita.

Arrestados

El Viceministro acotó que los efectivos procedieron al arresto de dos jóvenes que estaban aparentemente agrediendo a los uniformados.

"Dichos jóvenes, a efectos de que dejen de agredir a los policías, fueron arrestados y posteriormente liberados", sostuvo.

Aseguró que garantizan todas las movilizaciones, pero no se va permitirá manifestaciones agresivas, con bombas molotov preparadas con gasolina, dinamitas y con globos de pintura.

Aparte de los incidentes violentos y los bloqueos de vías en varias ciudades, la huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país, tuvo escaso seguimiento en los centros de trabajo.

La huelga fue acatada por médicos y trabajadores de la salud pública, que llevan siete semanas de paro contra un Decreto de Morales que aumenta de 6 a 8 horas su jornada laboral, y por las universidades, pero no afectó a la mayoría de los sectores productivos.

Fue más contundente, según el Gobierno, el paro de transportes que paralizó totalmente el lunes y el martes La Paz y la vecina ciudad de El Alto, también con algunos incidentes violentos.

Los sindicatos exigen a Morales un aumento salarial general superior al 8 % que decretó el pasado día 1, cuando además nacionalizó una empresa de capital español, y le piden que tome en cuenta lo que llaman "canasta básica familiar", que calculan en Bs. 8.296 mensuales, igual a ocho salarios mínimos.

El salario medio de Bolivia, uno de los menores de América, subirá con ese Decreto de Bs. 3.800 a Bs. 4.106 al mes, mientras que el mínimo legal aumentará el 22 %, hasta Bs. 1.009.

Entretanto, miles de partidarios de Morales, encabezados por productores de hoja de coca, sobre todo del feudo político del mandatario en el Chapare, marcharon en la ciudad central de Cochabamba para respaldarle frente a la oleada de conflictos que le acosan desde marzo.

Junto a los cocaleros, marcharon campesinos afines a Morales y empleados estatales, con pancartas contra los indígenas que rechazan una carretera en el parque natural Tipnis, en la Amazonía, y contra el sector sanitario, que exige que se anule un decreto que aumenta de 6 a 8 horas su jornada.

La cocalera Leonilda Zurita, líder en Cochabamba del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), dijo a los medios que quienes protestan solo buscan "pelear con la ciudadanía".

La Policía de Cochabamba había expresado temor de que los oficialistas chocaran con centenares de universitarios movilizados desde el lunes contra el Gobierno, como ya ha ocurrido antes, pero no hubo enfrentamientos violentos en esa ciudad.

En la andina y sureña de Potosí, estudiantes de medicina detonaron cargas de dinamita en la puerta principal de la gobernación, controlada por el oficialismo, y destrozaron ventanales y balcones del edificio.

En la oriental Santa Cruz un grupo de médicos bloqueó el ingreso al aeropuerto internacional de Viru Viru, el principal del país, y cerró las carreteras que conducen hacia Argentina.

El mandatario anunció la semana pasada la suspensión del aumento de la jornada, pero no convenció a los sectores movilizados, que desconfían de su palabra.
Fuente: JOrnada


miércoles, 9 de mayo de 2012

Marchas, bloqueos y violencia en el primer día de paro de la COB en varios departamentos de Bolivia


Marchas, movilizaciones, bloqueos y agresiones protagonizaron el primer día del paro de 72 horas que convocó la Central Obrera Boliviana (COB) a nivel Nacional exigiendo al gobierno atienda su pliego petitorio.
La COB reclama el incremento salarial y la abrogación del decreto supremo 1126 en el sector salud entre otras demandas.
En Potosí una multitudinaria marcha de los estudiantes terminó en puertas de la gobernación donde, además de hacer explotar dinamita, lanzaron piedras y pintura.
En Santa Cruz los trabajadores en salud de la provincia Cordillera bloquearon tres vías. La ruta que conecta a la ciudad con las localidades de Camiri y Yacuiba; las carreteras que unen Santa Cruz con Cochabamba, a la altura de Samaipata y cerca del aeropuerto internacional Viru Viru, camino a Montero.
En Tarija se suscitaron violentos enfrentamientos entre policías y universitarios. En el centro tarijeño se escuchaban constantes dinamitazos y los estudiantes encendieron fogatas en inmediaciones de la plaza principal.
En Cochabamba los salubristas que marchaban por las arterias de la ciudad fueron agredidos por los cocaleros que llegaron hasta este lugar para manifestar su apoyo al proceso de cambio que lleva adelante el presidente Evo Morales.
Los universitarios vallunos hicieron un llamado a los estudiantes de la universidad estatal a agruparse en puertas de su edificio, en la calle Jordán, con el objetivo de resguardar sus instalaciones de los marchistas cocaleros que amenazan con tomarlas.
Fuente: Rodolfo Aliaga. La Razón

Después de 48 paros de transporte choferes analizan paro indefinido


El Secretario Ejecutivo de la Confederación de Chóferes de Bolivia, Fránklin Durán, anunció que en un Ampliado General convocado para el jueves el sector analizarán los alcances del paro de 48 horas y podría decidir ir al paro indefinido, de no haber solución a sus demandas.
“El paro se dio porque hay molestia de los compañeros de base, manifestada en el Congreso Nacional y seguramente en el paro indefinido se va organizar mucho más”, señaló Duran a radio Panamericana. El dirigente indicó que el Comité Ejecutivo de los choferes evaluará mañana internamente el paro de 48 horas que se cumplió hoy.
Duran adelantó que al menos el 80% del transporte sindicalizado acató el paro en contra de la Ley Municipal de Tránsito y Transporte Urbano de Transportes que promulgó el alcalde de La Paz, Luis Revilla.
Durante este lunes y martes alrededor de 30 puntos estratégicos de la ciudad fueron bloqueados por los transportistas impidiendo el tránsito de vehículos, con el consiguiente perjuicio para la población que fue obligada a recorrer las calles a pie.
“Creo que el Gobierno y autoridades de la Alcaldía busquen soluciones. No podemos permitir que el Alcalde venga a avasallarnos con su ley”, dijo el ejecutivo de los choferes.
Fuente: La Razón

lunes, 13 de febrero de 2012

Camiri inicia paro de 24 horas y espera comenzar diálogo con YPFB

El convenio de abril de 2008 para que sea la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (GNNE), de un YPFB Operativo, como establece la Ley 3058, la encargada de explorar el megayacimiento del Sararenda, además de la inmediata reducción de las tarifas de energía eléctrica.

La información fue brindada por el presidente del ente cívico, Ronny Vargas, quien informó que el pueblo camireño está unido y acompañado de las principales organizaciones sociales como gremiales, maestros, Central Obrera Regional (COR), entre otras, que han determinado marchar en conjunto para el logro de sus objetivos como Capital Petrolera del País. 

“El paro y bloqueo de caminos está confirmado para mañana martes y estamos a la espera de que el gobierno nacional y representantes de YPFB se hagan presentes en Camiri para iniciar el proceso de diálogo para resolver estos temas que molestan a toda la población”, manifestó Vargas a tiempo de acotar que el equipo técnico de la dirigencia cívica está lista para analizar las propuestas que emerjan del Ejecutivo. 

Agregó que las autoridades departamentales y nacionales, transportistas y pasajeros están anoticiados y toman sus previsiones para evitar cualquier perjuicio por la medida de presión. 

El cívico recordó que en días pasados fue rechazado el informe del presidente interino de YPFB Corporativo, Carlos Villegas Quiroga, sobre el cumplimiento del convenio de abril de 2008, hecho que provocó el inmediato pronunciamiento de estado de emergencia y el anuncio de nuevas movilizaciones. 

La Capital Petrolera de Bolivia también se moviliza contra de la elevación de tarifas de energía eléctrica en más del 200 por ciento aprobada por la Cooperativa Rural Eléctrica (CRE). Por ello exigieron en el Voto Resolutivo No 05 la “renuncia de todos los Representantes del Distrito 20 por faltar a su deber de informar y defender a cada uno de los socios y usuarios de la CRE sistema Camiri” y conminaron a los “administrativos de CRE Ltda. a rebajar las tarifas de luz dentro de las 48 horas siguientes al presente voto resolutivo”.

Frente a la crisis económica, falta de empleos y reactivación de la industria petrolera, Camiri considera que “como ciudad pujante, se siente olvidada, discriminada en su desarrollo”.

La ciudad de Camiri está a 1.200 kilómetros de la sede de gobierno en el denominado chaco cruceño. La explotación del petróleo de sus campos le dio la suficiencia energética al país a mediados del pasado siglo y fue una de las principales afectadas por el proceso de Capitalización/privatización de la industria petrolera del país.
el convenio de abril de 2008 para que sea la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (GNNE), de un YPFB Operativo, como establece la Ley 3058, la encargada de explorar el megayacimiento del Sararenda, además de la inmediata reducción de las tarifas de energía eléctrica.

La información fue brindada por el presidente del ente cívico, Ronny Vargas, quien informó que el pueblo camireño está unido y acompañado de las principales organizaciones sociales como gremiales, maestros, Central Obrera Regional (COR), entre otras, que han determinado marchar en conjunto para el logro de sus objetivos como Capital Petrolera del País. 

“El paro y bloqueo de caminos está confirmado para mañana martes y estamos a la espera de que el gobierno nacional y representantes de YPFB se hagan presentes en Camiri para iniciar el proceso de diálogo para resolver estos temas que molestan a toda la población”, manifestó Vargas a tiempo de acotar que el equipo técnico de la dirigencia cívica está lista para analizar las propuestas que emerjan del Ejecutivo. 

Agregó que las autoridades departamentales y nacionales, transportistas y pasajeros están anoticiados y toman sus previsiones para evitar cualquier perjuicio por la medida de presión. 

El cívico recordó que en días pasados fue rechazado el informe del presidente interino de YPFB Corporativo, Carlos Villegas Quiroga, sobre el cumplimiento del convenio de abril de 2008, hecho que provocó el inmediato pronunciamiento de estado de emergencia y el anuncio de nuevas movilizaciones. 

La Capital Petrolera de Bolivia también se moviliza contra de la elevación de tarifas de energía eléctrica en más del 200 por ciento aprobada por la Cooperativa Rural Eléctrica (CRE). Por ello exigieron en el Voto Resolutivo No 05 la “renuncia de todos los Representantes del Distrito 20 por faltar a su deber de informar y defender a cada uno de los socios y usuarios de la CRE sistema Camiri” y conminaron a los “administrativos de CRE Ltda. a rebajar las tarifas de luz dentro de las 48 horas siguientes al presente voto resolutivo”.

Frente a la crisis económica, falta de empleos y reactivación de la industria petrolera, Camiri considera que “como ciudad pujante, se siente olvidada, discriminada en su desarrollo”.

La ciudad de Camiri está a 1.200 kilómetros de la sede de gobierno en el denominado chaco cruceño. La explotación del petróleo de sus campos le dio la suficiencia energética al país a mediados del pasado siglo y fue una de las principales afectadas por el proceso de Capitalización/privatización de la industria petrolera del país.

De: Nelson Vila Santos


martes, 6 de diciembre de 2011

La UPEA obtiene 80 millones de co-participación sin afectar el presupuesto de la UMSA...

Representantes de la UPEA aceptaron la última propuesta del Gobierno de recibir Bs 70 millones de coparticipación tributaria, sin afectar los ingresos de la UMSA. Además, consiguieron el compromiso de terrenos e infraestructura para sus facultades.

El anuncio surgió esta madrugada, 02.26, tras nueve horas de negociación en la Asamblea Legislativa, a donde asistieron además legisladores de La Paz, dirigentes de las juntas vecinales y la Central Obrera Regional de El Alto.
“Se llegó a un acuerdo histórico. Ahora la UPEA es una universidad plena con asignación de la coparticipación tributaria”, informó Héctor Arce, presidente de la Cámara de Diputados. En tanto, Dámaso Quispe, rector de la universidad alteña, declaró que se suspenden las medidas de presión. “Sólo esperamos que la Asamblea apruebe las modificaciones de la ley”, dijo.
La autoridad académica se refirió al acta de entendimiento, de seis puntos, que incorpora a la UPEA en la coparticipación tributaria (con el 25% del total que se asigna a La Paz en el marco universitario), lo que significa un ingreso de Bs 70 millones.
Para dicho efecto, la Asamblea Legislativa deberá aprobar la modificación de la Ley Marco de Autonomías, a fin de incrementar en 0,35% el 5% que recibe por coparticipación todo el sistema universitario. Ese 0,35% será asignado a la UPEA, por lo que no se afectará los ingresos del resto de las casas de estudio, explicó Héctor Arce. El titular de la Cámara Baja explicó que para implementar el acta, la Asamblea deberá sesionar desde hoy para, primero, modificar la norma de Autonomías, y luego aprobar la Ley Financial con los cambios establecidos.
Además, el acuerdo incluye otras demandas de la UPEA como la conclusión del edificio Emblemático, el traspaso de 100 hectáreas en Callutaca para las carreras de Ingeniería Agronómica, Veterinaria y Zootecnia, y equipamiento de laboratorios para las carreras técnicas.
En el tema de los procesos legales iniciados por Vías Bolivia, Tránsito de El Alto y la Federación de Choferes de El Alto, por los destrozos del 29 de noviembre (más de Bs 245 mil en daños), se anunció que se creará una comisión que dará “una solución consensuada a los conflictos”.

Aprobación. Por la tarde, la asamblea docente - estudiantil de la Universidad Pública de El Alto había determinado aceptar la propuesta del Gobierno de Bs 70 millones de recursos de coparticipación, informó el rector de esta casa de estudios, Dámaso Quispe.

El acuerdo fue firmado después de siete días de movilizaciones y negociaciones, y luego de que el martes 29 los estudiantes de la UPEA se enfrentaran con la Policía en una gresca que dejó 45 personas heridas (23 estudiantes y 22 policías), además de 57 detenidos, de los que cuatro fueron imputados por los delitos de robo agravado y daños a la propiedad pública y privada.
La UPEA exigía el 50% de recursos de coparticipación que iba a asignar el Gobierno a la Universidad Mayor de San Andrés, de un total de Bs 139 millones.

Fiscalización. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, sugirió que la Contraloría General del Estado realice las auditorías a los recursos que destina el Estado a las universidades. Explicó que durante esta gestión se observó que no hay capacidad de ejecución, toda vez que en cajas y banco las casas de estudios superiores tienen Bs 1.011 millones. 

“Preocupa que las autoridades universitarias traten de cubrirse con la autonomía universitaria para evitar las fiscalizaciones”, dijo la autoridad del Ejecutivo.

Las cifras del acuerdo firmado

-El Gobierno amplió del 5% al 5,35% el monto total de la coparticipación tributaria, para beneficiar con el 0,35% a la UPEA. Lo que equivale a Bs 70 millones.

-Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con la redistribución, el ingreso per cápita por estudiante será de Bs 6.434 en la UMSA; y de Bs 7.138 para la UPEA.

Estudiante herido pide justicia

Hernán Quispe, el estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPEA que perdió el ojo derecho tras recibir el impacto de un tubo de gas lacrimógeno, el 29 de noviembre, en los enfrentamientos con la Policía, exige que se  identifique al uniformado que le provocó el daño.
“Que se investigue y se identifique al culpable. Yo he perdido el ojo”, pidió el joven en una entrevista con la red PAT. “El policía me disparó a quemarropa, de manera directa me apuntó y no me dio tiempo para escapar. Sentí el golpe y vi la sangre por mis manos”, relató ayer.
El estudiante fue sometido ayer a una nueva cirugía, esta vez porque el proyectil que le dispararon también le rompió el tabique nasal, por lo que fue intervenido en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas.
El padre de Hernán, Macario Quispe, llegó a la ciudad de La Paz al enterarse de que su hijo había perdido el ojo en un enfrentamiento con la Policía; también exige que  se haga justicia.
“El daño que le han hecho a mi hijo tiene que ser sancionado. Él nunca más va a recuperarse”, aseveró el padre.
Hernán trabajaba y estudiaba para costearse su carrera. “Siempre quise estudiar electrónica; cuando aparecieron los MP4, yo compraba los equipos destrozados de la feria 16 de Julio, a dos o tres bolivianos, los arreglaba para después venderlos. Así podía pagar mis estudios”, relató.
Las dos intervenciones quirúrgicas de Quispe fueron cubiertas por la UPEA, indicó la trabajadora social de esta casa de estudios superiores, Patricia Bernal. La funcionaria explicó que esta institución desembolsó hasta ahora Bs 4.000 para la primera cirugía de Hernán. Además, se hizo cargo de la atención médica de Yolanda Tancara, de 19 años, que también recibió un impacto de tubo de gas que comprometió una parte del cráneo.
Quispe espera que pueda beneficiarse con una prótesis para su ojo derecho y así retornar sus actividades académicas.
Fuente: La Razón.

lunes, 5 de diciembre de 2011

Gobierno: La UPEA tiene guardados 80 millones de dólares

El Ministro de Economía, Luis Arce, afirmó ayer domingo que las universidades públicas tienen más de mil millones de bolivianos acumulados en caja y Bancos y la ejecución presupuestaria apenas llega al 50%. La Universidad Pública de El Alto (UPEA) no invierte 80 millones de bolivianos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), por no acreditarse a la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), indicó.

"Es mucha plata y a mí me da pena, como Ministro de Economía, ver tanta plata que no se utiliza", remarcó Arce.
La autoridad puntualizó que las universidades públicas el año pasado acumularon en caja y Bancos unos 1.011 millones de bolivianos: San Francisco Xavier con 59 millones, Mayor de San Andrés, 340 millones; UPEA, 79 millones; San Simón, 189 millones; Técnica de Oruro, 57 millones; Tomas Frías, 67 millones; Siglo XX, 44 millones; Juan Misael Saracho, 66 millones, Gabriel René Moreno, 79 millones; Beni, 24 millones; y Pando, 6,6 millones.
Ante este panorama Arce afirmó que las universidades "no son inmunes" a ser fiscalizadas por la Contraloría General del Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre todo cuando tienen acumulados en caja y Bancos más de mil millones de bolivianos y la ejecución presupuestaria apenas llega al 50%.
Arce añadió que la Contraloría y los legisladores tienen la obligación de fiscalizar esos recursos en cumplimiento de la Constitución Política del Estado.
"No son inmunes las universidades como algún rector ha pronunciado, que sería en contra de la autonomía universitaria. La Contraloría tiene toda la obligación de entrar a fiscalizar esos recursos y (...) los Diputados y Senadores pueden hacer fiscalizaciones porque también está en sus competencias establecidas en la Constitución", argumentó.
"A las universidades el año 2005, en total a las 11 universidades, se les pasaba 1.152 millones de bolivianos, hoy se les pasa 2.237 millones de bolivianos. Entonces yo creo que es justo, necesario que el pueblo boliviano, cuyos impuestos están yendo a parar a estas universidades, sepan qué se hacen con estos recursos", manifestó.
Explicó que en 2005 las Universidades Mayor de San Andrés (UMSA) y la UPEA acordaron distribuirse el IDH que le correspondía al Departamento de La Paz en dos partes, con una primera y segunda fracción del 50 por ciento.
Agregó que ambas ya cuentan con el 25% del primer 50%, sin embargo, no ocurre lo mismo con el restante 50%, porque para este último se determinó que la distribución de estos recursos debían darse a partir del número de estudiantes con que cuenta cada casa de estudios superiores.
Por lo que debían acreditar el número de universitarios ante la CUB, para recién percibir los ingresos que les corresponde. La UMSA cumplió con este requisito en 2006, pero no así la UPEA, remarcó Arce.
"La UPEA está acumulando esos recursos que son más de 80 millones de bolivianos para que puedan ser utilizados y que no están siendo utilizados porque no acredita, por lo tanto no está utilizando el 100 por ciento que le corresponde", enfatizó.
Las declaraciones de Arce surgen en medio del conflicto entre el Gobierno y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), institución que reclama unos 100 millones de bolivianos adicionales a su presupuesto para suspender sus movilizaciones.

Fuente: Jornada.

lunes, 3 de octubre de 2011

En conflicto con indígenas. Gobierno critica otra vez labor de los medios de comunicación

Autoridades consideran que la información entorpece solución al conflicto con marchistas, sin tomar en cuenta que la “libertad de expresión es pilar fundamental de la democracia”.

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero y el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), cuestionaron ayer nuevamente la labor que cumplen los medios de comunicación en el conflicto con los marchistas defensores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), al considerar que “entorpece y perjudica al proceso de solución, lo cual incluso creen que podría afectar a las elecciones judiciales del 16 de octubre próximo.

Al respecto, el analista Carlos Cordero sostuvo que esta actitud de los integrantes del partido en función de Gobierno muestra claramente la mentalidad autoritaria de pretender controlar y restringir a la sociedad, sobre todo de limitar la libertad de expresión.

“La democracia tiene una columna vertebral y un pilar fundamental que es precisamente la existencia de fuentes de información libres plurales; es decir de medios de comunicación independientes del Estado y hoy día la defensa del TIPNIS también pasa por la defensa de la libertad de expresión”, puntualizó.

Asimismo, dijo que los medios de prensa deben ser intransigentes en la defensa sus principios, por lo que no deben amedrentarse frente a las advertencias gubernamentales, tomando en cuenta que “defender la libertad de expresión es defender la democracia”.

Fuente: El Diario