Un
informe presentado a inicios de 2013 por el viceministro de Exploración y
Explotación de Hidrocarburos, Eduardo Alarcón, establece que Bolivia sólo
cuenta actualmente con reservas probadas de gas por 8,23 TCF, lo cual le
alcanzaría para satisfacer las demandas del mercado interno y los compromisos
de exportación por los próximos diez años. Esta situación representa una grave
amenaza para el futuro del país, poniendo en riesgo su estabilidad económica y
social, frente a un elevado gasto público que no podrá ser solventado sin los
ingresos extraordinarios del gas.
En
el mismo informe se resalta que en tres años, entre 2010 y 2012, Bolivia
consumió 1,71 TCF, equivalentes al 17% de sus reservas probadas de gas, lo que
no hace sino confirmar las preocupaciones sobre la seguridad energética
nacional. Frente a esto, el Gobierno reacciona anunciando un millonario
programa de exploraciones que supuestamente asegurará la provisión del
energético. Ésta es una iniciativa positiva pero no garantiza la solución del
problema. Argentina, con políticas sectoriales similares a las bolivianas,
lleva varios años procurando desarrollar nuevas reservas sin logros
significativos.
Esta
falta de certidumbre sobre las reservas gasíferas nacionales cae en el peor
momento pues se avecina la finalización del contrato de exportación de gas a
Brasil, con lo cual se debilita la posición nacional para negociar la
renovación del contrato si no existen suficientes reservas. Adicionalmente,
nuestro gigante vecino ha dado varias señales de que las condiciones de las
ventas futuras serán distintas pues tiene muchas más reservas que las que
disponía cuando se firmó el contrato anterior, dos décadas atrás.
Peor
incluso, el desarrollo de la tecnología del “shale gas” ha provocado una
considerable baja en el precio internacional del gas en la medida que Estados
Unidos ha logrado su autosuficiencia y podría tener el mismo impacto en el
precio del petróleo si se logran resultados similares en el desarrollo del
“shale oil”, lo que les permitiría a los estadounidenses no depender del
petróleo de la OPEP para abastecer su mercado interno, factores que provocarían
una baja de los precios internacionales del petróleo.
Consecuentemente,
Bolivia se enfrenta a una doble amenaza, disminuirían sustancialmente sus ingresos
por exportación de hidrocarburos por la falta de volúmenes para exportar y
disminuirían los precios de exportación. Ambas combinadas podrían provocar una
profunda crisis fiscal que nos llevaría a la falta de capacidad estatal para
solventar el nivel de gasto público alcanzado durante el Gobierno del MAS.
Los
efectos preliminares de la falta de desarrollo de nuevas reservas ya se
sienten; YPFB, empresa estatal de petróleo, no puede asegurar la provisión de
gas para la instalación de nuevas industrias en territorio nacional, lo cual
paraliza la inversión en diversos e importantísimos sectores para la creación
de nuevos empleos. Paradójicamente, el partido que hizo de la industrialización
de los hidrocarburos el eje central de su discurso opositor, prioriza la
exportación pues le genera más recursos para financiar la inmensa cantidad de
empresas públicas estatales, en su mayoría improductivas, que ha creado.
Paralelamente,
el Gobierno del MAS está incrementando la exportación de gas a la Argentina y
simultáneamente impulsando proyectos como la planta de urea, que consumirían
significativas cantidades del energético, lo que sólo agravaría la crisis
futura de desabastecimiento, tanto para el mercado interno como para cumplir
los contratos de exportación.
El
Gobierno debe ser transparente sobre su gestión de la principal fuente de
ingresos para Bolivia. Seguir simplemente gastando las reservas sin tomar
previsiones sobre el futuro es llevar al país a un salto al vacío.
Óscar
Ortiz Antelo fue presidente del Senado.
